El pasado 31 de marzo, se dictó el RD 11/2020, por el que se adoptaron varias medidas urgentes en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

Entre dichas medidas, se encuentran las ayudas a aquellos inquilinos de arrendamiento de vivienda que se encuentren en situación de vulnerabilidad causada por la crisis que está generando el COVID-19, para hacer frente al pago de la renta de alquiler. 

En base al Real Decreto-Ley, el arrendatario sólo podrá solicitar una rebaja o una moratoria en el pago de la renta y podrá acceder a la ayuda estatal para la renta arrendaticia si es considerado que está en situación de vulnerabilidad.

¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir?

  1. La vulnerabilidad económica tiene que haber sido consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19
  2. Que la vivienda arrendada sobre la que se solicita la ayuda sea la vivienda habitual.
  3. Debe estar en situación de desempleo, Expediente de Regulación Temporal de Empleo, o haber reducido la jornada por motivo de cuidados y, en caso de ser empresario haber sufrido una pérdida sustancial de ingresos. 
  4. La totalidad de ingresos de los miembros de la unidad familiar, al mes anterior a la solicitud de la moratoria, no debe alcanzar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, un total de 1.613,52 euros brutos como regla general. Dicho límite de ingresos se ve aumentado en función de las circunstancias de la unidad familiar (número de hijos a cargo, que algún miembro de la familia se  mayor de 65 años, algún miembro de la unidad familiar tenga declarada una discapacidad superior al 33%, etc…)
  5. El importe total de la renta arrendaticia, los gastos y suministros básicos debe ser igual o superior al 35% de los ingresos netos que perciba la unidad familiar.
  6. Que ni el arrendatario ni ninguna de las personas de la unidad familiar sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España, salvo que la propiedad sea de una parte proporcional de una vivienda heredada o bien no pueda disponer de la misma por una causa justificada. 

¿Cómo puede conseguir el inquilino en situación de vulnerabilidad un aplazamiento en el pago de la renta arrendaticia?

El arrendatario deberá solicitar al arrendador, antes del próximo 1 de mayo de 2020, el aplazamiento del pago de la renta de alquiler. En dicha solicitud, el arrendatario deberá acompañar la documentación correspondiente que acredite su situación de vulnerabilidad.

Recibida la solicitud por parte del arrendador, éste dispondrá de 7 días laborables para contestarle. El resultado que podrá darse será distinto en función de quién sea el propietario de la vivienda objeto de arrendamiento. 

Si el arrendador es una empresa, una entidad pública o un gran tenedor (persona física o jurídica propietaria de más de diez viviendas) podrá decidir en aplicar una reducción del 50% de la renta arrendaticia o conceder un aplazamiento del pago de la misma. Ambas alternativas se aplicarían durante el tiempo que dure el estado de alarma declarado por el Gobierno y a las mensualidades siguientes si la situación de vulnerabilidad persistiese, hasta llegar al máximo de cuatro meses. Una vez finalizado dicho plazo, las mensualidades aplazadas se abonarían de forma fraccionada  durante como mínimo tres años sin que deba aplicarse penalización ni interés alguno. 

Si el propietario de la vivienda arrendada no es considerado un gran tenedor, ni una empresa o no es una entidad pública, deberá comunicar las condiciones de aplazamiento y fraccionamiento de la deuda que aceptaría u otra alternativa que ponga solución a la misma solicitud. Pero en este caso, no tiene obligación legal alguna de llegar a alcanzar ningún acuerdo con el arrendatario, por lo que si rechaza la solicitud de aplazamiento del pago, el arrendatario podrá tener acceso al programa de ayudas transitorias de financiación. 

Dichas ayudas de financiación, contarán con un plazo de devolución de hasta seis años y, excepcionalmente, prorrogable por cuatro años más y  sin ningún tipo de gasto ni intereses para el arrendatario. 

¿Qué documentación debe aportar el arrendatario para justificar su situación de vulnerabilidad? 

  • Si el arrendador está en situación de desempleo, deberá aportar el certificado expedido por la entidad gestora de la prestación de desempleo.
  • Si se trata de un autónomo, la declaración de cese de actividad expedida por la AEAT u organismo competente de la Comunidad Autónoma. 
  • El libro de familia o documento acreditativo de la pareja de hecho, el certificado de empadronamiento de las personas que convivan en la vivienda, la declaración de discapacidad, dependencia o incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.
  • Una nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar. 
  • Una declaración responsable del deudor o deudores donde se indique que cumplen con los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos según el meritado Real Decreto-Ley. 

Joana Daguro, Abogada en International SOS