En los últimos meses estamos viviendo un incremento de los casos de ocupación ilegal de inmuebles, generando preocupación en aquellos propietarios (particulares o empresas) que tienen viviendas o locales vacíos.

En este artículo vamos a abordar tanto, qué entiende la ley por ocupación ilegal de un inmueble como de qué mecanismos disponemos para poder protegernos frente  ella.

Legalmente, entendemos por ocupación ilegal aquella ocupación no consentida ni tolerada  ni por el propietario ni por el titular del legítimo derecho de poseer.

Antes de nada, debemos descartar aquellas situaciones en las que si bien, el propietario no conoce o no autoriza la presencia de determinada persona en su vivienda, este hecho no constituye una ocupación ilegal. Sería, por ejemplo, el caso de los subarrendamientos, la ocupación en precario o el comodato.

Una vez identificada la ocupación como ilegal, debemos saber si el inmueble ocupado es definido por la ley como “morada”  o no.

¿Qué entiende la ley por morada?

En el ámbito penal se define como todo espacio cerrado y separado del mundo exterior en el que su titular desarrolla actividades de la vida cotidiana, ya sea de forma permanente (primera vivienda) o eventual (segunda vivienda).

La jurisprudencia ha perfilado este concepto poniendo de manifiesto que no es sólo aquel espacio que sea vivienda, sino que podemos estar hablando de un coche, un barco, un despacho profesional o un local comercial.

Una adecuada identificación de este término, es determinante para poder elegir correctamente el mecanismo a utilizar para que finalmente el perjudicado pueda recuperar su inmueble y se vea resarcido por los daños y perjuicios ocasionados.

  • ¿Qué opciones hay ante una ocupación ilegal de un inmueble que constituya morada?

El tipo penal aplicable sería el Allanamiento de morada: “el particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador”

Tienen que darse, por tanto, dos requisitos básicos cuando se produce sobre una vivienda.

  1. Que la persona que comete el delito sea un particular.
  2. Que el acusado haya entrado sin consentimiento del morador y a sabiendas de que ese inmueble constituye morada ajena, siendo indiferente que lo haga por la vía ordinaria (por la puerta) o no.

No hay que olvidar, que anteriormente hemos indicado que el legislador protege como morada, no solo las viviendas, sino también los despachos profesionales o los locales profesionales.

En este caso, nos encontraríamos ante un delito de Allanamiento de domicilio de personas jurídicas o de local abierto al público: “al que entrare contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público fuera de las horas”

En el ámbito penal se define como domicilio de personas jurídicas aquel lugar en el que cualquier empresa desarrolla su actividad normal en el ámbito mercantil. Y despacho profesional, como aquel recinto en donde cualquier profesional con titulación académica desarrolla su actividad.

  • ¿Y si el inmueble ocupado no constituye la morada de nadie?

En ese caso estaremos ante un delito de Usurpación: “El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular”

Quien ha entrado a ocupar un edificio que no era la residencia de nadie, se constituye (por vías extralegales) en el nuevo morador de la vivienda, y sólo podrá ser expulsado con una orden judicial.

De la misma forma que en el caso anterior se tienen que dar una serie de requisitos:

  1. La ocupación debe ser sin violencia ni intimidación y con clara intención de permanencia en el inmueble.
  2. El “ocupante” ha de carecer de título jurídico para la ocupación y debe ser consciente de que el bien le es ajeno y de que carece de autorización del titular para ocuparlo.

La comunicación de todos estos hechos debe realizarse mediante denuncia ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, dándose traslado posteriormente a la sede judicial para que se practique el procedimiento correspondiente.

Queremos destacar que la ocupación de inmuebles no sólo abre la vía penal que, debe reservarse a los casos más graves, sino que también es posible acudir a la vía civil para resolver este conflicto, siempre y cuando se cumpla con una serie de requisitos:

  • Que la persona demandante sea propietaria o poseedora legítima.
  • Que el objeto de la pretensión sea una vivienda
  • Que el demandante haya sido privado de la posesión sin consentimiento.

Es decir, en la vía civil no sólo se protege el derecho a la propiedad, sino que la protección se amplia a determinados derechos que pueda ostentar por ejemplo un usufructuario.

Tampoco se puede iniciar la vía civil para aquellos inmuebles que no se encuadren dentro del concepto de vivienda, por lo que quedarían fuera de ella por ejemplo los garajes, trasteros o locales comerciales.

Y por último y como hemos apuntado al inicio del artículo, es determinante que quien interponga la demanda de recuperación inmediata de la posesión de su vivienda, haya sido privado de esa posesión sin su consentimiento y demande a los ocupantes, aunque no hayan sido identificados. Éstos, tendrán un plazo de cinco días para justificar la posesión de la vivienda y, en caso contrario, el tribunal ordenará la entrega al demandante.

Estas son las claves básicas de lo que la ley entiende por ocupación ilegal de inmuebles y los mecanismos de los que se nos dota para proteger a los ciudadanos frente a ella. Os aconsejamos que para cualquier duda concreta os pongáis en contacto telefónico con un abogado.

Anabel Campos, Abogada – Coordinadora Asistencia Jurídica Telefónica en International SOS España