Desde el inicio de la pandemia que estamos viviendo, la administración de Justicia se ha visto afectada soportando un aumento significativo de la litigiosidad relacionada con la crisis sanitaria y sufriendo importantes retrasos debido a la declaración del estado alarma.

Por ello, el Gobierno ya en el mes de Abril se vio obligado a adoptar medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, mediante el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril.

Dada “la nueva normalidad” en la que nos encontramos, la cual sigue repercutiendo en el funcionamiento de la administración de Justicia, se ha publicado el 19 de Septiembre la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Esta ley introduce importantes mejoras respecto del Real Decreto-ley 16/2020, el cual queda derogado, adaptando las medidas ya implantadas anteriormente, ampliando en algunos casos los plazos para su aplicación e introduciendo nuevos aspectos en las mismas.

La nueva ley regula medidas de carácter procesal para establecer la tramitación preferente de determinados procedimientos en el orden social, civil y contencioso-administrativo directamente surgidos de la crisis sanitaria por la COVID-19 hasta el 31 de Diciembre de 2020 inclusive, medidas en el ámbito concursal y societario, así como medidas organizativas y tecnológicas para la administración de Justicia.

Algunas de las medidas a destacar que podemos encontrar en la redacción de la ley, son las siguientes:

  • La modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. El objetivo de esta modificación es agilizar la adopción de medidas limitativas de derechos fundamentales que adopten comunidades autónomas y ayuntamientos para hacer frente a los rebrotes del coronavirus COVID-19, que requieren de control judicial. De esta forma, serán los tribunales superiores de justicia (TSJ) de las comunidades autónomas en lugar de los diferentes juzgados de cada localidad lo que revisen esas medidas. Por otro lado, se intenta así evitar lo que ya ha venido sucediendo durante el periodo estival, que ante una misma medida limitativa se dicten diferentes resoluciones por parte de cada uno de los juzgados, aceptando o rechazando dichas medidas.
  • En materia de registro civil, se tramitarán de manera preferente las inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones; la expedición de certificaciones, incluidas las de fe de vida y estado; los expedientes de matrimonio y celebración de bodas.
  • En los expedientes de autorización para contraer matrimonio en los que hubiera recaído resolución estimatoria se concederá automáticamente un plazo hasta el 20 de junio de 2021 inclusive para la celebración del matrimonio.
  • Se establece la celebración de actos procesales preferentemente mediante la presencia telemática de los intervinientes, así como un sistema de atención al público por videoconferencia, vía telefónica o a través del correo electrónico habilitado a tal efecto, de tal forma que se limita la atención presencial a los supuestos estrictamente necesarios y únicamente mediante cita previa. para garantizar la protección de la salud de las personas y minimizar el riesgo de contagio.
  • Se amplía la posibilidad de disponibilidad de planes de pensiones para los trabajadores por cuenta propia o autónomos a los casos en que, sin cesar en su actividad, hayan tenido una reducción de, al menos, el 75 por ciento en su facturación como consecuencia de la situación de crisis sanitaria.
  •  Asimismo, la disposición final octava, teniendo en cuenta los efectos de la pandemia y la afectación en los ingresos de muchos hogares, amplía los plazos, para que el arrendatario de vivienda habitual pueda realizar la solicitud de aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta. También se modifican determinados aspectos con la finalidad dar mayor agilidad a la tramitación de la línea de ayudas transitorias de financiación, y que pueda estar operativa para los arrendatarios en situación de vulnerabilidad en el plazo más breve posible.

Vanesa Elvira Echavarri – Abogada Coordinadora Departamento Asistencia Jurídica en International SOS España